La Ley 19.640, cuyo nombre oficial es Exención Impositiva en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, es una ley sancionada por el presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse el 16 de mayo de 1972, que establece un régimen especial de beneficios fiscales y aduaneros para el territorio de la Provincia de Tierra del Fuego A. e I.A.S. Amparándose en la atribución conferida por el artículo 5 del Estatuto de la Revolución Argentina, Lanusse sancionó y promulgó la ley sin que esta pasase por el poder legislativo.
En 2007, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner prorrogó el vencimiento del régimen hasta el 2023.[1]En 2021, el presidente Alberto Fernández amplió el vencimiento nuevamente hasta el 2038, posibilitando que transcurrido ese término, se habilite la prórroga por 15 años más.[2]
Contexto
Fue creada en el contexto de la necesidad de poblar el entonces Territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, territorio que presentaba desventajas geográficas y climáticas y que era la conexión entre Argentina y la parte de la Antártida Argentina.[3]
La ley es similar a la legislación brasileña que creó la Zona Franca de Manaos en 1967, cuya prórroga fue utilizada como argumento para extender la vigencia del régimen de promoción en Argentina en 2021.[2]
Contenido
La ley estableció un régimen especial de beneficios fiscales y aduanero para el territorio. Entre los principales beneficios que se estipulan en la ley se encuentran:
- Liberación de pago del IVA ventas
- Exención de impuestos nacionales (IVA compras, Impuesto a las Ganancias)
- Pago reducido de alícuota en Impuestos Internos(6,5%) para productos alcanzados por una alícuota del 17%
- Exención de aranceles a la importación
Impacto
Tras la promulgación del régimen, surgieron diversas empresas en el territorio. Actualmente el 70 % de la cuota de mercado es ocupada por las empresas Newsan y Mirgor,[4]que producen localmente marcas como Sanyo, Atma, Philco, Noblex, SIAM, Sansei,JVC, Samsung, Lenovo y Motorola,[5][6][7]aunque también existen empresas como Etercor-Solnik o BGH que producen las marcas de Nokia, LG, Xiaomi y Huawei.[8]
El costo fiscal de los beneficios de la ley se estima en 1 567 millones de dólares anuales.[9]
Referencias
